El yugo sigue vigente

Es una gran ventaja que haya muchas mujeres en puestos de gobierno (aunque en España haya evidentes excepciones), pero eso no es suficiente para que este mundo cambie. Vemos como en los mismos países en los que se registran las tasas más altas de asesinatos por violencia de género y las mayores proporciones de embarazos adolescentes, las mujeres han logrado los más espectaculares niveles de participación política femenina del mundo. 

Latinoamérica, un subcontinente marcado por la desigualdad, pero también por el éxito económico en plena crisis, maltrata a sus mujeres y, al tiempo, estas están alcanzando unas cuotas de poder desconocidas incluso en la mayor parte de los países europeos.

En este momento, el 40% de la población del subcontinente americano está gobernado por mujeres: Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Laura Chinchilla en Costa Rica. Se postula con posibilidades para ocupar la presidencia de la república la mexicana del partido gobernante, PAN, Josefina Vázquez Mota. En caso de que en julio ganara las elecciones, el porcentaje de ciudadanos latinoamericanos gobernados por mandatarias se elevaría al 60%. 

¿Cuál es la razón de que en Latinoamérica haya un contraste tan pronunciado sobre el estatus de las mujeres? No creo que los patrones machistas de Latinoamérica sean distintos de los del resto del mundo. María Emma Mejía, exministra colombiana de Educación y de Exteriores y ahora secretaria general de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), destaca que el 53% de los universitarios sean mujeres. Estas están ocupando puestos de poder muy importantes y cuando eso sucede se producen los cambios legislativos más importantes. El caso de Michelle Bachelet en Chile es ejemplar a este respecto. Durante su mandato se hicieron logros sin precedentes, como el derecho al divorcio. Logró también que se aprobara el uso de la píldora del día siguiente para reducir el número de embarazos adolescentes, un fenómeno que lastra profundamente las expectativas vitales femeninas. Pero las derrotas de mandatarias como la chilena para mejorar las condiciones de vida de la población femenina son también sonadas. En plena campaña electoral, Dilma Rousseff concedió una entrevista a Marie Claire en la que afirmaba que el aborto es “una cuestión de salud pública” y añadió que hay demasiadas mujeres en Brasil que mueren por abortar en circunstancias precarias. La presión de los católicos y de las iglesias evangelistas le obligó a desdecirse y a renunciar a cualquier proyecto de despenalizar el aborto en un subcontinente en el que solo hay ley de plazos en Cuba y Ciudad de México y en el que los casos de adolescentes violadas y obligadas a ser madres no son extraordinarios. Ocurre, aunque no solo, en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde ni siquiera se puede recurrir al aborto en caso de violación. En Argentina, Cristina Fernández ha logrado legalizar el matrimonio homosexual, pero el Parlamento ha rechazado finalmente la ley de plazos que hubiera permitido el aborto y puesto freno a la sangría de los abortos clandestinos. En Latinoamérica mueren cada año 4.000 mujeres en los cuatro millones de abortos ilegales que se registran. Los índices de maternidad adolescente son elevadísimos.

Detrás del yugo que oprime a las latinoamericanas está la férrea alianza entre la Iglesia y las clases dirigentes. La presión social es tan fuerte que, lleva a la paradoja de que las mujeres tengan poder, pero no disfruten a nivel social de auténtica igualdad debido a la estructura conservadora de las familias y el papel de la mujer dentro de ellas. Europa ha logrado deshacer esa alianza en muchos lugares, pero España es la excepción a la regla, ya que hoy más que nunca, la iglesia y el estado han encontrado el tan soñado matrimonio que le permite al machismo seguir señoreando por unos cuantos años más.