Los derechos del feto contra la dignidad de la mujer

Marlise Muñoz, una enfermera de urgencias de Fort Worth (Texas), y su marido Erick, bombero, ya habían decidido qué hacer en el caso de que uno de los dos sufriera un accidente o se encontrara enfermo de gravedad. Pero desde el pasado 26 de noviembre, cuando Erick encontró a su esposa inconsciente en la cocina, no había podido cumplir con ese deseo. Desde ese mismo día, la chica, de 33 años, ha sobrevivido con respiración asistida. Los médicos comunicaron a la familia que su estado era de muerte cerebral. Cuando la familia ha expresado su deseo de retirar la asistencia a Marlise, los responsables del hospital John Peter Smith se negaron porque estaba embarazada.

La situación se ha mantenido por ocho semanas pero finalmente un juez ha decretado que se le tenía que desconectar y así lo ha hecho el hospital.

Si esto ocurriera en nuestro medio, el señor Gallardón iría mucho más allá de las puritanas leyes del estado Texano; bajo el supuesto del beneficio para el feto, no se podría cumplir la voluntad expresada de retirar medidas de sostén que prolonguen la supuesta vida de la madre, y a pesar de que la situación de Merlise fuera la muerte cerebral y no se estuviera en lo previsto por la restricción legal porque no hay vida que sostener y sus médicos deberían haber cumplido -en un primer momento- la voluntad del paciente.

No sólo es mal médico quien no conoce su oficio, también lo es quien ignora la libertad del paciente. Instrumentalizar a una mujer que ha manifestado su voluntad de no ser sometida a medidas invasivas de su intimidad y que no ha hecho salvedad para el caso de una hipotética gestación; convertirla así en una especie de incubadora humana de un feto al que además, se le prevé un daño cerebral serio, dado que ha estado sometido al mismo proceso de anoxia que su madre, no puede justificarse como la defensa del derecho del no nacido pues ignora la dignidad de la madre y la utiliza exclusivamente como un medio en lugar de un fin en sí misma. 

Una vez más los poderes fácticos que desde una ética de base religiosa quieren imponer -y en ocasiones como éstas, imponen de hecho- su ideología, supeditan el derecho de la persona real al de quien, como el nasciturus, no deja de ser un bien pero no es sujeto de derechos al no ser persona. Diga lo que diga Gallardón. ¿Están acaso los derechos del feto por encima de los derechos de las demás personas?

Nuestro Código Civil dice con toda claridad que la personalidad civil, es decir, lo que hace que alguien en España pueda ser considerado un ser humano, con sus derechos y obligaciones, se adquiere en el momento del nacimiento, afirmando —en su artículo 30— que "la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno". De esta afirmación se puede deducir claramente que, mientras no haya nacido,estamos hablando de un “futurible” (aunque hemos de recordar que los “futuribles” no existen), pero no de una persona, según nuestras propias leyes.

Por otra parte, la Constitución española de 1978, en su artículo 10, dice: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social". 

Por ello, si de verdad los legisladores consideran que, desde el mismo momento de la concepción, podemos hablar de un ser humano (lo que resultaría harto difícil, ya que no es capaz de llevar una vida independiente), lo que han de hacer en primer lugar es modificar los artículos 29 y 30 de nuestro Código Civil, en el sentido de que lo que determine la personalidad sea la concepción y, por lo tanto, desde ese momento, el nasciturus (concebido y no nacido) habría de tener los mismos derechos que cualquier otra persona. Por ejemplo: a heredar, a tener un nombre y unos apellidos, a figurar en un registro,  a recibir subvenciones… Algo que, a todas luces, resultaría bastante complicado. Sin embargo, este hecho nos puede dar una idea de lo contradictoria e irracional que supone esta ley en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico.